Los Mecanismos de Participación Ciudadana

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

Lunes 22 de mayo de 2012

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Dr. Mauricio Reyna Lara autor de la obra ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN MÉXICO Y SUS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA tiene como propósito exponer las diferentes figuras jurídicas del orbe demócrata internacional que atienden a los diferentes intereses en constante disputa y demanda de los diferentes grupos que componen a la sociedad multicultural del s. XXI. No obstante, la realidad de la sociedad mexicana respecto a su apatía política y su indiferencia social se puede uno dar cuenta de que el autor guarda la convicción de que los mecanismos de participación ciudadana  en manos de asociaciones civiles, y por qué no particulares interesados, funcionen como un motor de conciencia y acción cívica para el grosso del pueblo, que tienda a ilustrar políticamente a la ciudadanía para que ésta conquiste su poder frente a las autoridades que actúan  en secrecía, gozosas de la discrecionalidad que disponen en su labro administrativa.

El autor retoma al Estado Democrático de Derecho, al que yo agregaría Social, haciendo énfasis en que el rótulo de “democracia” debe trascender a más que un ejercicio indirecto traducido en el derecho al sufragio universal por un representante, se debe luchar por una democracia directa que le de recursos a la sociedad para participar de forma activa en la toma de decisiones y actos de gobierno, con el objeto de que gobierno y gobernados cooperen y conjuntamente gesten la administración desde sus respectivos roles. Con esto se rompe con el actual esquema que solo satisface a la ciudadanía con la facultad de elegir a sus representantes, y en cambio, apuesta por formar a una ciudadanía consiente y participativa, de ahí que cobren tanta relevancia a comienzos del s. XXI los instrumentos de participación ciudadana que veremos a continuación.

Así, el arduo estudio de los mecanismos de participación ciudadana nos revela  un sistema de democracia directa que orienta a la sociedad actual a la participación y deliberación de los asuntos públicos con el propósito de cumplir con los principios más elementales de la teoría democrática que son: “la educación y la capacitación de los individuos para que puedan incorporarse de manera responsable al ejercicio de la convivencia publica.”

Plebiscito

Después de sopesar los elementos de la definición elaborada por el autor y las ofrecidas de otros en su obra, el plebiscito es la consulta pública a través de comicios para aceptar o rechazar una decisión de naturaleza gubernativa, esta definición me parece correcta bajo la consideración estricta de su realidad.

Los plebiscitos, verbigracia el caso de el Anschluss en  Austria, han servido para investir de legitimidad los actos radicales del Gobierno recurriendo a la voluntad popular, de forma que no se le puede considerar un recurso auténticamente popular que implique democracia directa porque su ejercicio corresponde a una manipulación de la voluntad popular para afirmar un acto de gobierno sin el fin de responder a las necesidades sociales por la iniciativa de la sociedad misma.

Otra desventaja es que constituyen más bien un rápido muestreo de la opinión pública y no un acto de deliberación, en donde el pueblo sea informado y los tópicos del referéndum se debatan para responder a las opiniones disidentes, y conformar así, una autentica consulta pública.

No, el plebiscito constituye más una encuesta estatal para legitimar de forma rapaz sus actos extraordinarios de gobierno con el consentimiento barato de una mayoría cualquiera, que en México podría sucumbir ante la manipulación de partidos políticos y sindicatos. Nótese que al calificar de “cualquiera” a la mayoría no lo hago de forma despectiva y arrogante con el ánimo de restar su importancia, sino refiriéndome a la construcción de mayorías que acostumbran acarrear las maquinarias electorales de los partidos políticos y grupos de poder que califico como “cualquiera” bajo el supuesto de que acuden desinformada e involuntariamente a participar en el referéndum.

Un gran límite que preveo en la factibilidad del plebiscito como un mecanismo de uso eficaz es su confiabilidad, con ello aludo a la posibilidad de que el Gobierno en turno manipule o simule la participación ciudadana del referéndum para conseguir los resultados que desee, por ejemplo deshacerse de obstáculos legales, y tomar decisiones radicales que pongan en riesgo a las instituciones.

Referéndum

La definición ofrecida por el autor es el punto de partida para cualquier discusión posterior: “es un procedimiento de manifestación de la voluntad de los ciudadanos mediante el voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, con el que se aprueban o rechazan propuestas o decisiones sobre el contenido parcial o total de textos de carácter constitucional o legal de especial trascendencia para la nación.” Entonces, a resumidas cuentas, el referéndum es el medio jurídico democrático consistente en someter a consulta pública la ratificación de leyes o actos administrativos de gran trascendencia para la nación. Pueden ser de petición o  de protesta, parciales o totales; en relación a su función ya sea hacer una moción legislativa o rechazar una ley vigente o en proceso legislativo, en relación a su comprensión si se refiere integralmente a una ley o algún artículo o parte tan nimia como una palabra en especifico. Pero principalmente su naturaleza se diferencia según sea facultativa o coercitiva, en el primer caso es facultativa cuando posibilita a un numero de ciudadanos a poder realizarlo si así lo consideran necesario, y en el segundo, cuando “debe ser realizado por los órganos del Estado de manera autonómica”.

La trascendencia del referéndum radica en la capacidad de participación que le otorga a la sociedad para autodeterminarse en asuntos de sustancialidad para la comunidad política que compone, delegándole prácticamente una función legislativa que con solo reducirse a la ratificación puede hacer la diferencia frente a la imposición de ordenamientos contrarios al interés social. O también, puede trascender a la moción de ordenamientos jurídicos que encarnen auténticamente los intereses y necesidades sociales de la nación. El debate entorno a la extensión del poder del referéndum se divide en dos opiniones dominantes: a) los especialistas politólogos y leguleyos ponen algunos límites fundados en el supuesto de que el grosso de la población tiene una capacidad limitada de comprensión que lo imposibilita a deliberar sobre algunos temas complejos, no aptos para mortales; y b) algunos comunicólogos, como Melba Leyman, se oponen sosteniendo que es posible informar al pueblo en cualquier materia que comprenda el referéndum, siempre y cuando se exponga con sencillez la cuestión a tratar. ¿De quién fiarnos? De los limitados o de los optimistas, el debate continuará hasta que los resultados lo prescriban, lo cierto es que al interés del Estado siempre le será benéfico que menos materias estén a disposición del referéndum, algunas otras por su naturaleza nunca lo estarán verbigracia la política fiscal y monetaria.

En “días perros” de reformas estructurales la implementación de un referéndum facultativo de protesta sería una bendición para la ciudadanía, pues nuestro Estado, acostumbrado a gobernar durante tanto tiempo a un pueblo infante, tiene constitucionalmente el deber de confiar la ratificación de las leyes generales y las reformas a la Constitución al Congreso de la Unión, conformado por nuestros ilustres representantes cuya asombrosa cualidad radica en comprender omnipotentemente los sentimientos, opiniones e intereses de todas las clases sociales que conforman nuestra H. nación.

Iniciativa popular

Se le puede definir como el derecho que el Estado le otorga a la ciudadanía, una vez organizada y cumpliendo el número de personas necesarias, para gestionar y enviar mociones normativas al Poder Legislativo.

Es la novedad en mecanismos de participación ciudadana para aquellas naciones que se pusieron la camiseta demócrata del s. XXI siempre buscando un medio de presumirse como el Estado más demócrata en el orbe internacional. Con el mismo ánimo que las autoridades de la Universidad le dan espacio en el Consejo Técnico a la voz del alumnado mediante dos plazas de propietario y dos de suplente por Facultad los Estados más vanguardistas del orbe progresista les otorgan el derecho a elaborar un proyecto de ley a la ciudadanía para que sus intereses, necesidades y esperanzas sean valoradas, párrafo a párrafo por su respectiva Asamblea o Congreso de iluminados representantes.

Su gran problemática radica en su facticidad, pues, se vuelve letra muerta al carecer de su parte procedimental. El Estado suele decir el qué pero no el cómo. Además, de los limites de la propia ciudadanía que radican en su falta de técnica legislativa consistentes en el desconocimiento de “el conjunto de factores para la estructuración de los proyectos de ley y el uso de lenguaje apropiado en la ley”; errores todos ellos que aprovechan los representantes del Poder Legislativo para modificar “la idea, el proyecto y la finalidad inicial” de las iniciativas ciudadanas “perdiendo con ello la finalidad de su existencia.”

Otro mal uso que nos expone el autor es el relativo a la manipulación de la ciudadanía de parte de los partidos políticos, utilizando las iniciativas populares para evitar otras que confronten a su proyecto de gobierno.

Revocación de mandato (recall)

Se refiere al legítimo recurso que toda sociedad democrática debe ostentar y  ejercer. Consiste en que por medio de consulta pública se delibere la destitución del cargo público a cualquier funcionario que no cumpla con las funciones “acordes a la naturaleza por la cual fue elegido” antes del vencimiento del plazo. Éste es un mecanismo que responde a la necesidad de retirar a genocidas e incompetentes de su cargo público, y romper con la tradición de que el Ejecutivo una vez electo solo debe no morir para seguir ejerciendo su cargo, así sea el caso de que su desempeño sea deficiente, e incluso, perjudicial para su pueblo.

Como es costumbre la amenaza latente al gobierno es la oposición materializada en sus antagónicos políticos, ya sean individuos o partidos, pero al pueblo en general no le temen. Se especula, desde la experiencia y la realidad, que la revocación de mandato sirve de recurso a los partidos opositores a su homologo que administra, pues se usa en otros países, verbigracia Bolivia en el 2008, para arrebatar los cargos públicos al partido triunfador en las elecciones.

Derecho Comparado de los sistemas de participación ciudadana: América y Europa

Desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que trajo la Revolución Francesa de 1789, que postula en su articulo 6° redactado por Tayllerand: “La Ley es expresión de voluntad popular. Todos los ciudadanos tiene derecho a participar personalmente o por sus representantes en su formación”, recorriendo los derroteros de la aparición de la V República fruto de un referéndum del 28 de septiembre de 1958 promovido por el líder De Gaulle, pasando por la trascendental configuración de la Confederación Helvética como un Estado Regional plenamente democrático en cuanto a sus procedimientos de legislación local contando con 522 votaciones populares entre 1848 y 2006, hasta llegar a la Constitución de Weimar de 1919 que catorce años más tarde pondría a la disposición del régimen autoritario de Adolf Hitler mecanismos maduros de consulta publica para legitimar sus proyectos de rearme y expansión territorial. La aspiración de mejorar el régimen liberal a través de la democracia directa ha sido la herencia transmitida a todo el orbe occidental por la Revolución Francesa.

Hoy tanto en Europa como en América Latina las mismas figuras jurídicas componen el sistema de participación ciudadana de toda nación, estas son: el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato, que en el Common Law llaman recall.

1.    Plebiscito. La enorme diferencia entre Europa y América radica en que para los Estados europeos tiene un carácter vinculatorio, es decir, forzosamente lleva a las autoridades a cumplir con el resultado de la consulta publica, y en los Estados latinoamericanos tiene un carácter indicativo consistente en remitir a las autoridades a la observación del resultado de la consulta publica no precisamente de su cumplimiento, esto lo hace parecer más una encuesta de muestreo que un acto jurídico colectivo de trascendencia. Sin embargo, en ambos hemisferios es concurrente su peligrosidad y la manipulación del Estado en su aplicación.

2.    La concurrencia general del referéndum en los ordenamientos jurídicos de Austria, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Irlanda, Islandia, Letonia, Lituania, Malta, República Checa, Suiza, Bolivia, Colombia, Guatemala, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela es la naturaleza del referéndum como una regulación obligatoria, popular, facultativa y consultiva que ha marca destacados hitos políticos.

También concurre su composición por cinco etapas iguales para todos los países analizados en la obra del autor, las etapas son las siguientes: a) la solicitud del mecanismo cumpliendo con los requisitos especificados por el ordenamiento jurídico; b) la aceptación, que implica la organización, el establecimiento del tema, la difusión del mecanismo y la fijación de la fecha de su celebración; c) la votación o resolución de las preguntas de parte de la ciudadanía; d) el computo de los votos para determinar su naturaleza, ya sea vinculatoria o indicativa según el grado de participación que tuvo la consulta; y e) El cumplimiento del resultado vinculatorio, en caso de que lo establezca la ley.

3.    La iniciativa popular coincide en sus defectos en todos los ordenamientos jurídicos del orbe occidental. Las iniciativas populares se quedan en la solicitud por no cumplir con el numero de firmas que estipula la ley, pareciese que es un obstáculo que el legislador puso para desincentivar promoción.

Se presenta de dos formas: a) como “la promoción de un número [porcentual] de ciudadanos “que firmando todos el proyecto de ley, exponiendo sus motivos y desarrollando del tema especifico es luego remitida a referéndum sobre la población general; y b) cuando a solicitud de un solo ciudadano o más se pone a trabajar al Poder Legislativo para promover si iniciativa con la prerrogativa de poder decidir su procedibilidad.

4.    La revocación de mandato en Europa es escasa se reduce a Islandia y a Rumania y se ejecuta por medio del plebiscito que somete a consulta publica la revocación de funcionarios, mientras que este mecanismo de participación democrática prospera en Suramérica y tiene un recurso derivado bastante peculiar en Perú llamado remoción que extiende la revocación de mandato a funcionarios que no fueron electos.

Básicamente, todos consisten en la solicitud “por un numero porcentual de ciudadanos” que exija la destitución de un funcionario electo con la restricción de poder accionarse tiempo después de la toma de su cargo y un año antes de su salida.